Cada vez son más las iniciativas ciudadanas que luchan por la libertad de acceso a la información dentro de la administración pública. Sólo en Facebook hay más de 500 grupos internacionales dedicados al asunto. En España, vemos como el PCE ha decidido comenzar una campaña de firmas a pie de calle para conocer de forma pormenorizada las cuentas de la Casa Real, la menos detallada de todos los Presupuestos Generales del Estado con una partida de 8.9 millones de euros anuales. Con estos movimientos sobre la mesa, el Ministerio de Presidencia ha emprendido la elaboración de un borrador para dotar a España de una ley que garantice el derecho de los ciudadanos para acceder a la información pública. Una ley que la inmensa mayoría de los países de la UE ya tiene y que es una promesa electoral del PSOE desde las generales del 2004.
Ahora, la lucha por esta causa se libra en dos frentes. Por un lado, los miembros de la Coalicion Pro Acceso negocian con el Gobierno un borrador que por el momento no les satisface. El Ejecutivo quiere crear una nueva norma que modifique y regule el método de acceso a los registros estatales, en lugar de aprobar una ley orgánica que reconozca el acceso de los ciudadanos a la información pública como un un derecho fundamental, según reza el artículo 20 de la Constitución. Por otro lado, la organización Access Info Europe, con sede en Madrid y miembro de la Freedom Access Advocates Network, comenzó a ejercer su derecho a saber de forma sistemática. Y lanzó una suerte de requerimientos a las distintas administraciones públicas sin más razonamiento que su legítimo interés en conocer datos de la administración. El resultado del estudio, que analizamos la primera semana de enero en la revista Interviú, desvela el uso sistemático del silencio administrativo por parte de muchas entidades estatales. Ante preguntas comprometidas, el Estado simplemente no contesta.
Access Info Europe llevó a varios ministerios a los tribunales. Y uno de los casos ha llegado ya al Tribunal Supremo. El 14 de junio de 2007, un miembro de la organización presentó una serie de preguntas al Ministerio de Justicia sobre las medidas contra corrupción. Por ejemplo, preguntó “2. En cumplimiento del Convenio de Naciones Unidas contra la corrupción (art. 6), ¿qué órgano es el encargado de prevenir la corrupción cometida por personas y entidades españolas, privadas y públicas? ¿Qué recursos (material y personal) se le han proporcionado?”. La respuesta se hizo esperar. Tanto que nunca llegó.
El caso terminó tras los recursos administrativos en la Audiencia Nacional, que negó el derecho de Access Info a conocer esta información, que en nada compromete la seguridad nacional ni atenta contra la vida privada de nadie. Simplemente, según la sentencia, un ciudadano español no tiene derecho a conocer esa información. La organización, pionera en la lucha pro acceso en España, ha llevado ahora el caso al Tribunal Supremo. Puede que sea una lucha quijotesca. Pero seguro que da resultado. No en esta ocasión. Pero sí en los tribunales europeos, donde el proceso acabará con toda probabilidad tras agotar la vía legal en España y donde la jurisprudencia internacional ya reconoce estos derechos -a los que España todavía no se ha sumado- desde hace años. Solo hay que consultar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 19.2, el artículo 10 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, o tener algo de sentido común para confirmarlo.
