Daniel Montero
Actualidad, periodismo y nuevas tecnologías

La Justicia ha hablado. Y ha dicho sin rodeos que la presentadora Ana Rosa Quintana es inocente, que todo su equipo está libre de sospecha y que Isabel García, la esposa del asesino Santiago del Valle, acudió libremente al programa “AR” de Telecinco  “porque le hacía ilusión”. Allí, tras años de permanecer callada, tras declarar en el juicio una versión contradictoria, tras  ser entrevistada en varios medios de comunicación y tras las preguntas del periodista Nacho Abad, la mujer reconoció públicamente que su marido mató a la niña Mariluz. Y se armó la gorda.

No voy a hacer una defensa a ultranza del programa: primero porque es público y notorio que yo colaboro en él. Y segundo, porque ya no hace ninguna falta. Para eso están los jueces. Pero tampoco negaré que el episodio me ha hecho pensar en los límites del periodismo. Seré sincero. Hay veces que las realidades que contamos son tan duras, tan demoledoras, que no hay forma de dulcificarlas. De hecho, ni siquiera creo que sea beneficioso. Publicar o no los ataúdes de los soldados en Irak. Relatar o no el testimonio de una menor obligada a mantener durante meses relaciones sexuales con ancianos. Mostrar a una señora llorando en un plató tras el asesinato de su hijo son relatos tachados de periodismo amarillo. Pero no dejan de ser una realidad. Espeluznante, lamentable, dura. Pero por desgracia, una constante del mundo en que vivimos.

Cada vez tengo más claro que en estos casos, existe menos telebasura y más negación por parte del espectador a recordar que el ser humano es capaz de ser atroz. Y que estas cosas no son un caso aislado. Nadie quiere ser molestado en su sofá, alterado en su lugar seguro por el llanto de una madre, por la descripción de un crimen delirante o por el recuerdo de que -en ocasiones- degenerados sexuales andan por la calle en busca de presas. Incomoda el susurro inherente del “te puede pasar a tí”. Y por eso preferimos empatizar con Guardiola o Mouriño, disfrutar de los triunfos de la selección, prestar atención al clima que hará este fin de semana y, como mucho, tomar partido por uno de los bandos del litigio Esteban-Janeiro. Nadie reconocer que preferimos vivir una falsa sensación de seguridad. Dulce ignorancia. Pero no lo olvidemos. En la guerra muere gente, el dolor de una madre que ha perdido un hijo nunca termina y a pocos kilómetros de su casa, existen lugares donde las mujeres son tratadas como ganado. Por mucho que nos joda que a veces nos lo tiren a la cara. Olvidar eso sí que es periodismo amarillo.

El otro día paseaba por el Madrid más gélido que recuerdo y pasé sin rumbo al lado de una pequeña estatua en el barrio de Malasaña. Allí está, desde hace años la obra, pagada -asumo- con dinero público. Un día un señor pidió una subvención, el Estado se la dio para promover el arte y su obra quedó allí para uso y disfrute de todos los ciudadanos. Correcto.

Ahora pensemos en el cine español: Un productor tiene un proyecto y pide una subvención para realizarlo. La ayuda llega en algunos casos al 50% del presupuesto.  O sea que la mitad de la cinta la paga el contribuyente/espectador. Pero esa obra no queda para uso y disfrute del pueblo, como sucede con la estatua. Que va. Queda para las salas, en las que hay que pasar otra vez por taquilla. Luego la obra se saca en DVD, se comercializa en televisión… en la televisión pública. Y más dinero privado y estatal. Suma y sigue. Y para colmo a las más taquilleras se les da otra ayudita. Un dinero que en ocasiones dobla lo recaudado en los cines. Pues bien. Después de soltar todo ese dinero, los derechos de la película siguen siendo de eso que llaman “los creadores”. ¿A nadie le llama la atención? ¿de verdad a todos esos creadores no les parece algo abusivo, por no hablar literamente de morro soberano? Veinte, treinta o cuarenta años después, un ciudadano tiene que pagar de nuevo como el primer día si quiere tener una copia de esa obra. Esa obra que entre otras cosas nació de su dinero.

Dicho esto, parece lógico que las películas pagadas con dinero público pasen tras un tiempo de explotación comercial -cinco años por ejemplo- a un fondo documental estatal de libre acceso, accesible incluso desde la red. Así, adiós a la piratería y hola a dos modelos de negocio. ¿Quieres explotar tus derechos sin condiciones temporales? Apuesta tu propio dinero y compite en el libre mercado.  Y si no, promociona la cultura. Pero de verdad. Y tras unos años de rentabilidad, deja tu película para el libre acceso, para su exposición en bibliotecas, su estudio en universidades, en la televisión pública o en casa de cada ciudadano que aportó con sus impuestos al proyecto. Parece mentira que siempre que se habla de frenar la piratería se coarte el derecho de los consumidores en lugar de plantear alternativas y nuevos modelos de negocio.

Acabo de leer una noticia en El Mundo que me ha dejado perplejo. La defensa de Julian Assange dice que tiene miedo de que el responsable de Wikileaks sea condenado a muerte o internado en la prisión de Guantánamo si es trasladado a Estados Unidos. Ahí es nada. Basta con analizar la frase con detenimiento para descubrir el razonamiento. Como norma general, ningún país concede extradiciones por delitos que no se contemplan en su propia legislación o que tengan penas superiores a la misma en el Estado que la solicita. Es decir. Inglaterra nunca extraditará a Assange si existe la más mínima posibilidad de que sea condenado a muerte, ya que el Reino Unido no contepla el asesinato legal entre sus condenas. Buena jugada de los abogados. Pero aún hay más.

Ayer saltaba otra noticia sobre la web de las filtraciones, aparentemente inconexa pero en realidad muy bien ligada. Wikileaks cuesta 480.000 euros a la semana. No hay que saber mucho de informática, redes sociales o administración web para entender que el mantenimiento de la página en sí no se acerca ni de lejos a esa cifra, aunque los servidores estén construidos con oro macizo. Otra cosa distinta es mantener el organigrama que hay detrás, ese supuesto equipo de colaboradores, expertos informáticos, y la defensa legal de Assange. En este punto me viene a la memoria el caso de Jose Joaquín Martínez, el primer preso español que se salvó del corredor de la muerte, hace ahora diez años. Recuerdo una conversación con él allá por el 2001, recién salido de prisión. Se proyectaba en Madrid La Espalda del Mundo, de Javier Corcuera y Martínez acudió al acto. Al terminar, muy sincero, le solté esta frase: “menos mal que te condenaron a muerte macho, porque si en vez de eso te meten cadena perpetua te pudres en Estados Unidos como está mandado., Y siendo inocente“. El ex preso asintió con la cabeza.

Ahora, la defensa de Julian Assange parece jugar al mismo juego, pero sin decisión judicial de por medio. Busquemos la empatía. El portavoz de Wikileaks corre peligro de muerte. O eso ya se verá. En cualquier caso el argumento es un motor mucho más potente para recaudar donaciones que una denuncia por supuesta violación. Y ahora lo que falta es dinero. Al menos eso alegó Assange hace un par de días para vender por casi un millón de euros sus memorias.

El gobierno está nervioso. La oposición está nerviosa. Las redacciones están histéricas y sobre todo, los servicios españoles de inteligencia y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado están en estado de alerta. ETA tiene que mover ficha en unas horas, unos días como mucho, o la izquierda abertzale quedará condenada al olvido de cuatro años sin representación en las instituciones públicas. El plazo lo marca la ley electoral. En mayo tenemos elecciones municipales en el País Vasco y -por el momento- no hay partidos legales que representen a los independentistas más radicales. En unos días se cerrará el plazo legal para participar en los comicios y después de eso, ETA habrá condenado a sus aliados. Todas las listas han sido anuladas por su vinculación directa con la banda terrorista según los tribunales de justicia y la falta de ingresos estatales genera una asfixia económica a todo el Movimiento de Liberación Nacional Vasco.

Ya lo anunciamos en Interviú el pasado mes de septiembre. ETA tenía tres meses para dejar las armas si los abertzales quería acceder a los ayuntamientos. Como primer gesto, los terroristas anunciaron tras el verano un alto el fuego indefinido en la BBC inglesa. No sirvió de nada. El gobierno se ha mantenido fuerte en este tema. O abandono definitivo de las armas o nada. Ahora, con el plazo casi cumplido, ETA lo intenta de nuevo. Es un juego de dialéctica. Los terroristas ofrecen un alto el fuego “permanente, general y verificable”. Una oferta que contrasta con los informes de los últimos movimientos de la banda en Francia. En cualquier caso, la oferta de hoy es otro envite al diálogo sin agachar la cabeza. Hay una cosa que la banda quiere evitar a toda costa… la imagen de los agentes destruyendo ante la prensa la montaña de armas y munición de su arsenal. La imagen de la rendición. Una fotografía histórica en la que nadie confía y para la que, en cualquier caso, el tiempo se acaba.