Acceso a Información


8
Feb 10

El coro de la cárcel

Ya estamos cansados de que cada vez que alguien habla de nosotros, salga el coro de la cárcel“. La frase resonó en un aula de la prisión de Navalcarnero. Una treintena de internos asintió. El improvisado portavoz prosiguió en voz alta “Siempre que sale la cárcel en un reportaje se da la imagen de que esto es un sitio bonito, donde estamos muy bien. Y eso es mentira“. Otro compañero tomó el relevo: “En mi pabellón están metiendo a todos los locos y nos está dando muchos problemas”. “Y la comida que nos dan es una mierda“. La última queja llegó de un chileno entrado en años. Consigue alzar la voz tras diez minutos de espera. Un compañero deportado de Colombia le interrumpe: “¿Quieres saber cómo es en realidad una vida en la prisión, pues yo te lo voy a decir: vivimos dos personas en una celda de dos por ocho metros, con una mesa enana y un aseo. Estas celdas  estaban pensadas para una sola persona y les pusieron literas. Ahora Navalcarnero tiene el doble de internos ¿por qué nadie cuenta eso?”

Yo, callado, escuché y apunté los datos de cada testimonio. Fue una terapia. Sobre la mesa quedó la charla que llevaba preparada: “Comunicación Política Aplicada al Proceso de Voto”. Leí tan sólo dos párrafos. Había cosas más importantes que decir. Y las dijeron ellos. “¿Por qué la gente no se preocupa de cómo estamos aquí? A los políticos me refiero. Nosotros también somos votos. Y nuestras familias también lo son”. La pregunta sonó a lamento sincero. La respuesta también: “Te voy a hablar muy claro. Y espero que eso no te ofenda. Creo que es mucho más rentable para un político dar una imagen fuerte y  endurecer el régimen carcelario en lugar de preocuparse por vuestros derechos. Además la gente no os ve como iguales. Piensan: si están ahí, algo habrán hecho. Pues que se jodan“.

Salí del encuentro con la tripa revuelta y el peso de conciencia de aquellas realidades que los periodistas no contamos. Salí con el sentido de ser una herramienta del sistema. Un sistema que pone reposabrazos en mitad de los bancos  de Madrid para que los sin techo no duerman en ellos, que se preocupa por erradicar los mercados de la droga en los núcleos urbanos y los permite en las zonas deprimidas del extraradio, y que fomenta constantemente las diferencias entre ciudadanos con fines políticos. Antes de llegar, me perdí por Navalcarnero. Ni un sólo cartel me ayudó a llegar a la cárcel. No había ni un sólo indicio de que a escasos kilómetros del pueblo residen 1.400 internos. Y lo mismo pasa en los medios. En este mundo, “Si algo no sale en la tele, no existe“. Por lo que a mi respecta, mea culpa.


3
Feb 10

Así da la SGAE jabón a la Administración

Llevo días recibiendo correos electrónicos de la SGAE en la redacción. En ellos, la sociedad de gestión me invita a un desayuno de prensa. Presentan  el Primer Informe sobre Acción Cultural de España en el Exterior. No he tenido ocasión de asistir, pero las conclusiones del trabajo no tienen desperdicio. Básicamente, la SGAE ha reunido a todos los periodistas que ha podido en un hotel de Madrid para alabar las lindezas de 36 instituciones estatales que se ocupan de promover la cultura española en el exterior.

El estudio, promovido por el Observatorio Iberoamericano del Derecho de Autor (OIDA) y la Fundación Autor, arroja datos tan reveladores y sobre todo propagandísticos para la Administración como que el 90% del esfuerzo financiero en promoción cultural en el extranjero corre a cargo del Estado -lógico si sólo preguntas a agentes estatales- y que se articula gracias a 23 instituciones públicas. Asombros. ¿De verdad hacía falta un informe para dar a la opinión pública semejantes datos? La publicidad encubierta tiene muchas caras.

La presentación contó con la presencia de Carlos Alberdi, directos de Relaciones Culturales y Científicas de la Agencia Española de Cooperación Internacional y Antonio Amorós, vocal asesor del Ministerio de Cultura. Llama la atención que los representantes estatales acudan a dar semejante información mientras el ministerio se niega a hacer pública la memoria sobre las inversiones realizadas por la SGAE con el dinero del canon digital. El caso está en los juzgados gracias a la asociación Access Info.

Valga como ejemplo de ansia científica el método de estudio: “Para la elaboración de las conclusiones del informe, se desarrolló una encuesta a 36 instituciones del territorio español, tanto estatales como autonómicas. Un total de 22 instituciones dieron respuesta al cuestonario”. A renglón seguido aparecen en la nota de prensa -con nombre y apellidos- todas las instituciones públicas que aportaron información. Más promoción. Lo que no dice el resumen de prensa es de dónde ha salido el dinero para hacer semejante publicidad institucional esbozada como un estudio científico. Una publicidad que beneficia sin equívocos a los pensadores de la Ley de Economía Sostenible. Y es que favor, con favor se paga.


21
Ene 10

El Supremo tendrá que decidir si el Estado puede vetar información al ciudadano

Cada vez son más las iniciativas ciudadanas que luchan por la libertad de acceso a la información dentro de la administración pública. Sólo en Facebook hay más de 500 grupos internacionales dedicados al asunto. En España, vemos como el PCE ha decidido comenzar una campaña de firmas a pie de calle para conocer de forma pormenorizada las cuentas de la Casa Real, la menos detallada de todos los Presupuestos Generales del Estado con una partida de 8.9 millones de euros anuales. Con estos movimientos sobre la mesa, el Ministerio de Presidencia ha emprendido la elaboración de un borrador para dotar a España de una ley que garantice el derecho de los ciudadanos para acceder a la información pública. Una ley que la inmensa mayoría de los países de la UE ya tiene y que es una promesa electoral del PSOE desde las generales del 2004.

Ahora, la lucha por esta causa se libra en dos frentes. Por un lado, los miembros de la Coalicion Pro Acceso negocian con el Gobierno un borrador que por el momento no les satisface. El Ejecutivo quiere crear una nueva norma que modifique y regule el método de acceso a los registros estatales, en lugar de aprobar una ley orgánica que reconozca el acceso de los ciudadanos a la información pública como un un derecho fundamental, según reza el artículo 20 de la Constitución. Por otro lado, la organización Access Info Europe, con sede en Madrid y miembro de la Freedom Access Advocates Network, comenzó a ejercer su derecho a saber de forma sistemática. Y lanzó una suerte de requerimientos a las distintas administraciones públicas sin más razonamiento que su legítimo interés en conocer datos de la administración. El resultado del estudio, que analizamos la primera semana de enero en la revista Interviú, desvela el uso sistemático del silencio administrativo por parte de muchas entidades estatales. Ante preguntas comprometidas, el Estado simplemente no contesta.

Access Info Europe llevó a varios ministerios a los tribunales. Y uno de los casos ha llegado ya al Tribunal Supremo.  El 14 de junio de 2007, un miembro de la organización presentó una serie de preguntas al Ministerio de Justicia sobre las medidas contra corrupción. Por ejemplo, preguntó “2. En cumplimiento del Convenio de Naciones Unidas contra la corrupción (art. 6), ¿qué órgano es el encargado de prevenir la corrupción cometida por personas y entidades españolas, privadas y públicas? ¿Qué recursos (material y personal) se le han proporcionado?”. La respuesta se hizo esperar. Tanto que nunca llegó.

El caso terminó tras los recursos administrativos en la Audiencia Nacional, que negó el derecho de Access Info a conocer esta información, que en nada compromete la seguridad nacional ni atenta contra la vida privada de nadie. Simplemente, según la sentencia, un ciudadano español no tiene derecho a conocer esa información. La organización, pionera en la lucha pro acceso en España, ha llevado ahora el caso al Tribunal Supremo. Puede que sea una lucha quijotesca. Pero seguro que da resultado. No en esta ocasión. Pero sí en los tribunales europeos, donde el proceso acabará con toda probabilidad tras agotar la vía legal en España y donde la jurisprudencia internacional ya reconoce estos derechos -a los que España todavía no se ha sumado- desde hace años. Solo hay que consultar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 19.2, el artículo 10 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, o tener algo de sentido común para confirmarlo.