Hoy hemos conocido, por fin, el Anteproyecto del Ley que el PSOE prometió hace seis años para garantizar el acceso de los ciudadanos a la información pública. Tras meses de rumores, contactos y escasas reuniones con agentes sociales, las sospechas se han cumplido y nos encontramos con una Ley que rebaja los mínimos exigibles para una democracia moderna. El nuevo anteproyecto, que depende directamente de la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega y que ha sido filtrado al diario El País, es un auténtico ejercicio de dialéctica política que se desmonta en ocho argumentos.
1) La información es un derecho fundamental.
El artículo 20 de la constitución recoge el derecho de los ciudadanos a comunicar y recibir información libremente. Eso incluye según los tribunales de la UE el derecho de acceso a la información pública. Por lo tanto, el Gobierno debería plantear una Ley Orgánica que garantizara ese derecho y que esté por encima de cualquier otra norma en la materia. En lugar de eso, nos presentan una modificación de la manera en la que se accede a los registros públicos. Hila muy fino el borrador citando el “derecho a saber” en lugar del derecho a recibir información. Las dos frases significan lo mismo pero tienen consecuencias jurídicas muy distintas.
2) No afecta a los principales centros de poder.
Según la información publicada por El País, la nueva Ley de Transparencia no afecta ni al Congreso, ni al Senado, ni a la cúpula del sistema judicial, ni el Tribunal Constitucional, ni al Tribunal de Cuentas. La decisión se centra en que estos organismos tienen sus propias normativas para dar acceso a los datos. ¿Y los ayuntamientos no? ¿Y los ministerios no? ¿Y las Comunidades Autónomas no? Si alguien pensaba que íbamos a poder ver libremente las sanciones que impone el Consejo General del Poder Judicial o los gastos pormenorizados del Congreso, ya puede darlo por perdido. Una ley orgánica estaría por encima de todos sus ordenamientos internos…
3) El silencio -al final- no es positivo.
Esto se ha vendido como uno de los principales logros de la nueva Ley pero básicamente es mentira. Según el borrador, si la Administración no contesta a una petición de datos en un plazo de 10 días, la información se entiende concedida. Es decir. El silencio es positivo. Pero claro. Una vez cumplido el proceso ¿el ciudadano entra al asalto al ministerio de turno que ni siquiera le contesta y se lleva los datos bajo el brazo? ¿Cómo se ejecuta ese acceso en una entidad no cooperante? Llegados a este punto, el solicitante tiene interponer una solicitud confirmatoria, esperar un mes y luego acudir a la Agencia de Protección de Datos, que actuará a modo de arbitraje. Y aquí, el silencio vuelve a ser negativo, como toda la vida. Hay que esperar dos meses más a que el organismo se pronuncie y si no lo hace, la petición se entiende denegada. Rechazar el acceso a los datos vuelve ser tan sencillo como pasivo. Sólo hay que olvidarse del tema. Y al que no le guste, que se vaya al juzgado después de esperar dos meses. Exactamente como ahora.
4) La Ley no obliga al procesado y custodia de la información.
La nueva normativa garantiza el derecho a saber, pero no regula la obligación de la Administración de tener accesible la documentación al público. Imaginemos por ejemplo que un ciudadano quiere conocer cuánto ha gastado su ayuntamiento este año en bombillas. O en arreglos navideños. O en comidas oficiales. Pues bien. La inmensa mayoría de los consistorios no conceden estos datos básicamente porque ni ellos mismos lo saben. No basta con tener la información. Además, hay que saber dónde está y la manera de hacerla accesible. Como norma general, el borrador contempla como información accesible todo lo que está en los expedientes.
5) El ciudadano tendrá que esperar hasta tres meses.
La media de espera de un ciudadano de la Unión Europea para recibir información pública es de 14 días. Dos semanas como máximo. En España, el proceso completo antes de llegar a la vía judicial se puede prolongar hasta tres meses. Y no hay ningún juicio rápido o protocolo judicial que agilice este tipo de conflictos (donde por supuesto van a terminar las peticiones más comprometidas para la Administración)
6) Demasiadas excepciones.
La mayoría de los países desarrollados niegan a sus ciudadanos el acceso a información reservada por cuestiones de Defensa o Seguridad Nacional. Además, España quiere asumir todas las excepciones que contempla el Consejo de Europa: prevención, investigación y sanción de cuestiones penales, administrativas o disciplinarias, funciones de inspección y control de la administración, que afecten a intereses públicos o comerciales, a la garantía de confidencialidad prevista por las leyes o a los secretos en procesos de toma de decisiones, la vida privada y los intereses particulares legítimos”. Esto va mucho más allá de lo anunciado por el PSOE en su programa, que hacía mención únicamente a la colisión con secretos oficiales y la protección de datos personales.
7) El arbitro no será independiente.
La figura clave para que este sistema (implantado con matices en otros países de la UE) funcione, es un organismo independiente que realice de forma eficiente el arbitraje entre la administración y el ciudadano. En el caso de la nueva Ley española, será la Agencia de Protección de Datos quien adquiera nuevas competencias. Incluso le van a cambiar el nombre. Aquí si que se reconoce la verdadera naturaleza de la Ley: Agencia de Protección de Datos y Acceso a la Información.
8) No afecta a todos los ámbitos de la Administración
La nueva normativa no se va a aplicar el los registros que ya tengan una regulación previa: el registro mercantil, de la propiedad, el registro central de penados y rebeldes, el registro de estadística pública, el censo electoral, el padrón municipal, el registro de información sanitaria y todos los organismos que tengan un ordenamiento legal específico para el acceso a la información seguirán utilizándolo.
Que nadie se llame a engaño. En mi opinión es positivo que España avance en el acceso a la información pública. Es un camino vital para que el votante se convierta también en ciudadano y participe activamente en los asuntos de Estado en lugar de esperar de forma paternalista a que la clase política tome sus decisiones de legislatura en legislatura. Pero no admitamos engaños ni cortinas de humo. Que el ciudadano tiene “derecho a saber” es una cosa de cajón que el sentido común ya había legislado en la vida pública. Lo que es inadmisible es que el Gobierno no de un verdadero paso de gigante después de 30 años de democracia completamente parado en este campo.
Información Bitacoras.com…
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[...] Ocho razones para rechazar la Ley de Transparencia http://www.dmontero.net/2010/08/8-razones-para-rechazar-la-ley-de-t… por Libey hace 2 segundos [...]
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Si la información de El País es correcta, parece que se trata de una copia poco elaborada del Convenio del Consejo de Europa, modificada para excluír al poder judicial y al parlamento, y para negar el silencio administrativo positivo. Le queda mucho recorrido y espero que los grupos parlamentarios puedan trabajar como deben para presentar un texto muy enriquecido. Hay mucho margen de mejora.
Si lo hacen, malo. Si no lo hacen, malo también. La Ley no se ha aprobado porque es un borrador que aún tiene que pasar por el parlamento donde podrá ser revisada para mejor o para peor, como cualquier ley, pero es un borrador, que hasta la aprobación definitiva aún puede sufrir variaciaciones.
Pero claro, vamos a rechazarla sin mirarla por completo (sólo mirando lo publicado en EL PAÍS) y vamos a rechazarla sin pasarla por el Parlamento. Menudo país de pandereta. Si no me gusta el borrador, hay que rechazarla porque no me gusta.
¿Para qué cojones están los trámites parlamentarios?
Dicho esto, la Ley de Transparencia es muy similar a la existencia en Europa ya que se basan en Convenio del Consejo de Europa para el Acceso a Documentos Oficiales, aunque hay excepciones que sobrepasan lo recomendado en el convenio europeo, y que por algo aún tendrá que pasar el Parlamento.
Recomendado leer http://periodistas21.blogspot.com/2010/08/al-fin-una-ley-de-acceso-la-informacion.html
Esperemos que sea verdad, aunque de verdad lamento ser pesimista. Hace tres semanas la Federación de Periodistas organizó una mesa redonda sobre esta Ley, con reporteros y miembros de la coalición Pro Acceso. No acudió ni un solo representate de la Administración.
Para Andr:
Tienes razón en que todavía queda el trámite parlamentario. Pero te hago una reflexión. Llevamos seis años esperando esta normativa (y eso contando únicamente desde que el PSOE la incluyó en sus promesas electorales). Hace años que se aprobó la nueva Ley del Suelo que decía que TODOS los concejales del país tenían que hacer una declaración patrimonial al tomar el cargo y dejarla accesible a los ciudadanos ¿Tú la has visto aplicada? Yo tampoco. Y eso no tiene que pasar trámites parlamentarios ni más demoras. Hace ya dos años que esa Ley está aprobada y no se cumple…
No se que esperábamos. La democracia en este país es típica de republicas bananeras. Que te crees tu que te vas a enterar de lo que se gasta tu alcalde en comilonas “oficiales”.
[...] entre las versiones del diario de Prisa y la agencia de noticias e incluso se han apuntado las razones para rechazarlo, aunque parece que no será hasta el viernes cuando tendremos más información si finalmente se [...]
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andr: Digo yo que podemos criticar todo lo que queramos, sea borrador o ley, no? además este borrador es toda una declaración de intenciones. Teniendo en cuenta que la oposición tampoco tiene pinta de estar por la labor de ser muy transparente…veremos las modificaciones que se presentan a la ley.
En mi opinión, Montero da en la diana con los ochos argumentos que expone. Si bien es cierto, como dice Andr, que debemos aguardar al trámite parlamentario antes de hacer juicios de valor, el comportamiento del gobierno parece indicar que se nos va a ofrecer una ley muy limitada en alcance. Por ejemplo, el Convenio de Consejo de Europa afecta a los tres poderes del Estado, mientras que esta ley parece que sólo afecta a ciertas instituciones y departamentos pertenecientes a la administración central. En pos de la transparencia, el viernes el gobierno (de todos) debería publicar el anteproyecto en vez de filtrarlo sólamente a medios afines. Lo normal en otros países europeos es la publicación de los borradores de ley para consulta y participación pública antes de iniciar el proceso legislativo. Hasta el viernes pues.
Dos aclaraciones a tus dos primeras críticas: 1.- Sobre si el derecho a recibir información incluye el acceso a la información de la Administración, hay algún jurista que lo defiende en minoría, pero el Tribunal Supremo se ha pronunciado en el sentido de que no es un derecho fundamental. 2.- La regulación que el Gobierno preparara se aplica a las Administraciones Públicas, esto es, a la General del Estado, a los Gobiernos de las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, dejando aparte a los poderes judicial y legislativo, y es bueno que se respete la separación de poderes en la elaboración de los textos legislativos. Por otra parte, tanto el Tribunal Constitucional como el Congreso y el Senado (sobre todo estos últimos, con las famosas luz y taquígrafas) ofrecen a través de Internet un grado de transparencia muy superior al del poder ejecutivo (administraciones públicas y Gobierno). El Poder Judicial es harina de otro costal en esta materia por la cantidad de datos sensibles de la intimidad persona que acumula en cada pleito.
Sobre la puntualización número 1) Está claro que en España esa es la corriente, pero las últimas sentencias de los tribunales de la UE dicen totalmente lo contrario. Sobre el segundo punto: en este país tenemos una concepción muy proteccionista de los datos privados. Ese es el principal punto a favor que le encuentro al borrador -según la información que dio El País- y es la diferenciación entre datos personales privados y no privados. Si una persona asegura en su currículo que tiene una titulación en arquitectura, es bueno que exista una forma de confirmarlo con el estamento oficial. Sobre la transparencia de las cámaras, es cierto que tienen mucha información accesible ¿Bien documentada? Permítanme dudarlo. Basta utilizar el buscador de las sesiones plenarias para comprobarlo…
Me gustaría preguntarle a Guillermo Aguillaume si considera que actualmente en los parlamentos hay suficiente transparencia como para que se puedan evitar prácticas corruptas, nepotismo, y los ciudadanos puedan evaluar y comparar el trabajo y el rendimiento de sus parlamentarios. También me gustaría saber si piensa que los electores deberían poder participar en la elaboración de las leyes con opiniones y propuestas o no.
Y por último, sólo comentar que el viernes pasado me quedé esperando. Parece que la seriedad no es una de las virtudes de este gobierno.
[...] http://www.dmontero.net/2010/08/8-razones-para-rechazar-la-ley-de-transparencia/ [...]
[...] mancances de l’esborrany difós per El País, com en el bloc del periodista Juan Varela o, aquest altre del periodista d’investigació d’Interviú Daniel Montero, molt més crítica. [...]