Asisto atónito a la polémica por la nueva Ley del Aborto. Y es que ahora, por extraño que parezca, delante de 40 millones de Españoles, el Estado se ha declarado insumiso. Insumiso de sí mismo. Lo que me faltaba por ver.
En realidad la afirmación tiene truco y son los barones del PP los que han decidido pasarse por el forro la nueva Ley de Salud Sexual, que entró en vigor el pasado lunes y que regula las interrupciones voluntarias del embarazo. Ahora, las mujeres pueden abortar legalmente en los primeros tres meses de gestación sin necesidad de justificaciones médicas. Sin embargo, los gobiernos regionales de Navarra y Murcia han decidido no aplicar la norma. Porque sí. Porque les da por ahí.
Su argumento oficial es que no tienen capacidad para adaptarse a la Ley, aprobada el pasado mes de febrero. O que esperan que sea tumbada por el Costitucional. En realidad, parece más una cuestión moral que de infraestructura. Así que el Estado se ha declarado insumiso de sí mismo. ¿De qué vale que el Parlamento apruebe una ley para todos los ciudadanos si luego la clase política tiene la capacidad de no aplicarla? ¿Se imaginan que todos nos declarasemos insumisos fiscales porque no nos gustan las tasas de Hacienda? Es impensable en democracia que un líder político opte conscientemente por no aplicar una ley aprobada por el Congreso. Y todavía es más incomprensible que algunos se empeñen en negar a la mujer tras años de lucha el derecho de decidir sobre su propio cuerpo.
