Daniel Montero
Actualidad, periodismo y nuevas tecnologías

Detener a un político en este país se ha convertido en un deporte de riesgo para la Policía Nacional. Lo vimos la pasada semana en Alicante con el arresto del presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, y lo veremos en próximos episodios de la corruptela nacional. Y es que la politización de la Justicia trae estas cosas. Que quede claro. La policía tiene autoridad legal para detener a cualquier persona sin órden judicial en una investigación en curso. Así lo dicta la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Y eso sucede todos los días y a todas horas. Imaginemos por ejemplo una intervención sobre narcotráfico. La policía entra al asalto en un barco nodriza cargado con diez toneladas de coca y detiene a todo el que esté a menos de 500 metros de la droga. Sin más problemas. No entro a valorar si esto ético o no, si está bien o mal. Pero es legal.

En el caso de la clase política, la cosa cambia. Parece que los cargos electos de este país merecen -una vez más- una especial protección. Como si un ciudadano anónimo no tuviera derecho a cuidar su imagen. El Partido Popular ha acuñado incluso el término “Pena de Telediario” para identificar el escarnio que sufre un político cuando es detenido. Vamos por partes. Primero, la legislación española ya contempla protección especial para varios cargos electos, en especial diputados y senadores, frente a la Justicia. A los ojos de la policía, un alcalde es exáctamente igual que cualquier otro ciudadano. Y así debe ser, ya que así está pactado por las leyes, las reglas del juego que rigen el consenso social. El presidente de la Diputación de Alicante es exáctamente igual frente a la Justicia que cualquier otro votante. Se siente. Y sobre la “pena de telediario”, es cierto que posiblemente sea la única reprecusión punible y palpable de este tipo de investigaciones. Pero la culpa no es de la policía, sino de que el señor Carlos Fabra lleve siete años imputado en el juzgado de Nules (Castellón)  sin dilucidar sus sospechas sobre enriquecimiento ilícito. En esos casos, por vergonzante que parezca, al ciudadano sólo le queda el consuelo de la “pena de telediario”.

Puede que sea un mal momento para hacer esta reflexión, con toda España en alza tras la victoria de La Roja en el mundial de Sudáfrica. Incluso puede que no tenga nada que ver con el fútbol, sino con la naturaleza humana. Pero no dejo de darle vueltas a la cabeza. Hoy es martes, 13 de junio. Han pasado 48 horas desde que Iniesta marcó el gol que llevó a la selección española a la gloria. Y hoy hemos sabido por el diario El País que el pasado domingo, una milicia relacionada con Al Quaeda entró al asalto en un club social de Kampala (Uganda) y asesinó a 74 personas que estaban viendo el partido. 74 personas muertas mientras veían a España ganar el mundial. Y nos hemos enterado 48 horas después en un mundo donde las noticias vuelan.

La cifra de fallecidos es comparable, por ejemplo, a la de los atentados del 11-M en Madrid. ¿Qué hubiera pasado si en lugar de haber muerto en Uganda, estas personas fueran ciudadanos de algún país de la Unión Europea? Seguramente todo el mundo estaría de luto, las celebraciones en las calles de Madrid serían mucho más parcas y -de vez en cuando- alguien haría alguna referencia a su memoria.  ¿Víctimas de primera y víctimas de segunda? Lo que está claro es que en este planeta hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Posiblente esto no tenga nada que ver con el fútbol y esté en un plano superior. No es una cuestión de deporte. Por desgracia, es un síntoma de cómo entendemos el mundo.

Asisto atónito a la polémica por la nueva Ley del Aborto. Y es que ahora, por extraño que parezca, delante de 40 millones de Españoles, el Estado se ha declarado insumiso. Insumiso de sí mismo. Lo que me faltaba por ver.

En realidad la afirmación tiene truco y son los barones del PP los que han decidido pasarse por el forro la nueva Ley de Salud Sexual, que entró en vigor el pasado lunes y que regula las interrupciones voluntarias del embarazo. Ahora, las mujeres pueden abortar legalmente en los primeros tres meses de gestación sin necesidad de justificaciones médicas. Sin embargo, los gobiernos regionales de Navarra y Murcia han decidido no aplicar la norma. Porque sí. Porque les da por ahí.

Su argumento oficial es que no tienen capacidad para adaptarse a la Ley, aprobada el pasado mes de febrero. O que esperan que sea tumbada por el Costitucional. En realidad, parece más una cuestión moral que de infraestructura. Así que el Estado se ha declarado insumiso de sí mismo. ¿De qué vale que el Parlamento apruebe una ley para todos los ciudadanos si luego la clase política tiene la capacidad de no aplicarla? ¿Se imaginan que todos nos declarasemos insumisos fiscales porque no nos gustan las tasas de Hacienda? Es impensable en democracia que un líder político opte conscientemente por no aplicar una ley aprobada por el Congreso. Y todavía es más incomprensible que algunos se empeñen en negar a la mujer tras años de lucha el derecho de decidir sobre su propio cuerpo.