El Tribunal de Cuentas tiene obligación de auditar los gastos electorales de los partidos políticos en este país. Y ha enviado ya su informe al Congreso con lo que PP, PSOE y el resto de las formaciones se gastaron en las elecciones al Parlamento Europeo celebradas en 2009. En su trabajo, los funcionarios han encontrado un impedimento. No han podido contabilizar los famosos viajes del presidente Zapatero en un avión del ministerio de Defensa para acudir a mítines del PSOE, ya que la legislación indica que su labor consiste únicamente en auditar los gastos sufragados por cada partido. Por el momento, si el gasto lo pagan los españoles, no cuenta. Así, los encargados de elaborar el informe reclaman textualmente un cambio en la legislación para evitar controversias.
El asunto parece un tema menor, pero tiene dos cuestiones interesantes. Por un lado, hay que recordar que la legislación española impone un máximo de gasto a cada formación en cada proceso electoral. Oficialmente, los partidos políticos no pueden gastar lo que les de la gana por mucho dinero que consigan. En la práctica, esta regla se burla sencillamente solicitando a los proveedores facturas por conceptos que nada tengan que ver con los gastos electorales. El encargado del catering pasa una factura dos meses después de los comicios por un acto distinto y asunto arreglado. Pero ¿Qué pasaría si a ese límite de gasto se suma todo lo que cuesta enviar a Zapatero y otros miembros del Gobierno en sus desplazamientos entre viajes, hoteles y dietas de su personal?
El otro asunto es todavía más curioso. Si esto se regulara, imagino que sería lógico incluir también los viajes en avión, tren o barco que realizan los diputados y senadores, que se cargan al presupuesto de la cámara. Y los del resto de la clase política. Para hacer esto efectivo, el Tribunal de Cuentas tendría que dilucidar de manera clara qué viajes tienen un interés partidista y cuales son emprendidos por necesidad o voluntad del Congreso. Un curioso dilema.
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