Daniel Montero
Actualidad, periodismo y nuevas tecnologías

Dejar las decisiones al libre albedrío del pueblo tiene mucho peligro para la clase política. Recordemos por ejemplo el caso del Referendum sobre la Diagonal de Barcelona, que costó el puesto al número dos del alcalde, Jordi Hereu. Los barceloneses decidieron básicamente que la calle se quedara como estaba y dejaron al concejal que quería reformarla con el culo al aire. En un plano menos riguroso, Televisión Española tuvo que llevar a Eurovisión a un payaso televisivo llamado Chikilicuatre. Tomemos en este caso la palabra payaso por la mejor de sus acepciones. Si España va a hacer el ridículo, por lo menos que mande a un profesional. Este año, la cadena publica pecó de lo mismo. Evitó con argucias legales que Karmele Marchante tomara el micro en sus galas pero tuvo que dar sus minutos de gloria a un tal John Cobra, un macarra levantino que derrochó simpatía y buenas palabras en directo. Y eso a golpe de tele-voto.

Ahora, es el Instituto Cervantes quien ha dado pie a la charlotada nacional y ha puesto en una situación complicada al mismísimo Juan Carlos de Borbón. La institución ha creado una jornada promocional llamado El Día E, una iniciativa donde los internautas pueden votar su palabra preferida dentro de la lengua castellana. El vocablo será explicado y promocionado en un acto oficial por el rey de España. Y ya está montada. Ya corren por la red las cadenas de correos electrónicos llamando a los votantes a apostar por la palabra república como ganadora ¿Se imaginan a Su Majestad explicando el significado del término a todos los españoles? Pues eso. Ahora a ver cómo salen del embrollo. En el momento de escribir estas líneas, la página está caída.

El Tribunal de Cuentas tiene obligación de auditar los gastos electorales de los partidos políticos en este país. Y ha enviado ya su informe al Congreso con lo que PP, PSOE y el resto de las formaciones se gastaron en las elecciones al Parlamento Europeo celebradas en 2009. En su trabajo, los funcionarios han encontrado un impedimento. No han podido contabilizar los famosos viajes del presidente Zapatero en un avión del ministerio de Defensa para acudir a mítines del PSOE, ya que la legislación indica que su labor consiste únicamente en auditar los gastos sufragados por cada partido. Por el momento, si el gasto lo pagan los españoles, no cuenta. Así, los encargados de elaborar el informe reclaman textualmente un cambio en la legislación para evitar controversias.

El asunto parece un tema menor, pero tiene dos cuestiones interesantes. Por un lado, hay que recordar que la legislación española impone un máximo de gasto a cada formación en cada proceso electoral. Oficialmente, los partidos políticos no pueden gastar lo que les de la gana por mucho dinero que consigan. En la práctica, esta regla se burla sencillamente solicitando a los proveedores facturas por conceptos que nada tengan que ver con los gastos electorales. El encargado del catering pasa una factura dos meses después de los comicios por un acto distinto y asunto arreglado. Pero ¿Qué pasaría si a ese límite de gasto se suma todo lo que cuesta enviar a Zapatero y otros miembros del Gobierno en sus desplazamientos entre viajes, hoteles y dietas de su personal?

El otro asunto es todavía más curioso. Si esto se regulara, imagino que sería lógico incluir también los viajes en avión, tren o barco que realizan los diputados y senadores, que se cargan al presupuesto de la cámara. Y los del resto de la clase política. Para hacer esto efectivo, el Tribunal de Cuentas tendría que dilucidar de manera clara qué viajes tienen un interés partidista y cuales son emprendidos por necesidad o voluntad del Congreso. Un curioso dilema.

Cuenta hoy el diario El Mundo que el Gobierno del PSOE prepara una amnistía fiscal para aflorar hasta 50.000 millones de euros evadidos al fisco español. Y eso, justo después de que el presidente Zapatero anunciara un impuesto especial para los grandes patrimonios. La primera propuesta, anunciada el pasado 26 de mayo, ya era una cortina de humo, tal y como se explica en el reportaje que abre esta semana la revista Interviú. Básicamente, las grandes fortunas de este país no tienen sus casas, barcos e incluso cuentas bancarias a su nombre sino al de empresas patrimoniales. Así pagan menos impuestos. Por lo tanto, un tributo que afecte a las personas físicas y no a esas empresas sin actividad económica real, sólo se entiende como propaganda.

Para colmo, ahora Zapatero pretende que las grandes fortunas que han sacado su dinero de España de forma ilegal puedan volver a meterlo en el país sin penalización alguna. El único requisito es contratar deuda pública a un grado de rentabilidad más bajo que en los mercados convencionales. El motivo de esta propuesta es la necesidad acuciante del Estado de recabar fondos como sea en esta época de crisis. Pero ¿Vale todo con tal de conseguir dinero? ¿Qué cara se le queda ahora al ciudadano medio? Ese que paga religiosamente sus impuestos, que no puede evadir la legislación con empresas patrimoniales, que no saca el dinero al extranjero y sobre el que recae la capacidad inspectora de Hacienda. El problema subyacente sigue siendo, como siempre, una cuestión de comunicación. Y se resume en una frase. Mientras sigan existiendo paraísos fiscales, los ricos no pagarán impuestos. Ni en España, ni fuera de ella. Algún político debería tomarse la molestia de explicárselo al ciudadano. Aunque seguramente, en época de crisis, no convenga ser tan sincero.