Llevo días recibiendo correos electrónicos de la SGAE en la redacción. En ellos, la sociedad de gestión me invita a un desayuno de prensa. Presentan el Primer Informe sobre Acción Cultural de España en el Exterior. No he tenido ocasión de asistir, pero las conclusiones del trabajo no tienen desperdicio. Básicamente, la SGAE ha reunido a todos los periodistas que ha podido en un hotel de Madrid para alabar las lindezas de 36 instituciones estatales que se ocupan de promover la cultura española en el exterior.
El estudio, promovido por el Observatorio Iberoamericano del Derecho de Autor (OIDA) y la Fundación Autor, arroja datos tan reveladores y sobre todo propagandísticos para la Administración como que el 90% del esfuerzo financiero en promoción cultural en el extranjero corre a cargo del Estado -lógico si sólo preguntas a agentes estatales- y que se articula gracias a 23 instituciones públicas. Asombros. ¿De verdad hacía falta un informe para dar a la opinión pública semejantes datos? La publicidad encubierta tiene muchas caras.
La presentación contó con la presencia de Carlos Alberdi, directos de Relaciones Culturales y Científicas de la Agencia Española de Cooperación Internacional y Antonio Amorós, vocal asesor del Ministerio de Cultura. Llama la atención que los representantes estatales acudan a dar semejante información mientras el ministerio se niega a hacer pública la memoria sobre las inversiones realizadas por la SGAE con el dinero del canon digital. El caso está en los juzgados gracias a la asociación Access Info.
Valga como ejemplo de ansia científica el método de estudio: “Para la elaboración de las conclusiones del informe, se desarrolló una encuesta a 36 instituciones del territorio español, tanto estatales como autonómicas. Un total de 22 instituciones dieron respuesta al cuestonario”. A renglón seguido aparecen en la nota de prensa -con nombre y apellidos- todas las instituciones públicas que aportaron información. Más promoción. Lo que no dice el resumen de prensa es de dónde ha salido el dinero para hacer semejante publicidad institucional esbozada como un estudio científico. Una publicidad que beneficia sin equívocos a los pensadores de la Ley de Economía Sostenible. Y es que favor, con favor se paga.
