La noticia estaba encima de mi mesa, en un papel arrugado. El logo de la esquina dibujaba el emblema del diario gratuito 20 Minutos. Y era el periodista D. Fernández quien firmaba. Algún alma caritativa de la redacción de Interviú me sirvió esta semana de archivero en ausencia y dejó el recorte sobre el escritorio mientras estaba de viaje. Sabía que me llamaría la atención. Y lo hizo.
El diputado socialista Juan Luis Rascón Ortega publica cada mes de enero en su blog una relación de todos sus bienes. Y también los de su mujer. “A la política hay que ir con el pan debajo del brazo“, cuenta en su bitácora personal este miembro del Congreso, de 49 años. Rascón define su acto como “otra forma de hacer política. Es la transparencia de lo público“. Sabias y certeras palabras. Pero preocupantes. A título personal, no cable más que alabar su decisión. Nada oculta quien nada tiene que ocultar. Pero llama la atención lo que Rascón reconoce de forma velada: que a día de hoy, la transparencia de lo público, algo tan lógico e inherente al sistema democrático, es una rareza entre La Casta nacional.
La iniciativa que Rascón cumple desde 2004 es pionera entre sus iguales. Pero no una maniobra nueva. El grueso del Gobierno Zapatero hizo pública una declaración patrimonial en el BOE del 15 de octubre de 2009 La medida, que se vendió como un gesto de honestidad, llegó en realidad obligada por Ley y con varios años de retraso. Por otro lado, la famosa Ley del Suelo, aprobada en 2008, obliga a todas las corporaciones locales a hacer lo mismo, concejal por concejal. Pero muy pocas se han sumado a la iniciativa con las excusas más peregrinas. Que si incumple la Ley de Protección de Datos. Que si no está aprobado el reglamento, que si no hay forma de hacerlo…
En realidad, esta es sencillamente una cuestión de voluntad. Juan Luis Rascón ha detallado su patrimonio sin tapujos, varios ayuntamientos españoles-con Sevilla como pionero- han puesto las declaraciones de bienes de todos sus miembros al alcance de los votantes. Y lo mismo sucede por ejemplo con los euro-parlamentarios o los diputados de algunas cámaras autonómicas. Ahora surge un nuevo debate. ¿Cuándo hace realmente negocio un hombre metido en política? En mi opinión, la obligación de publicar el patrimonio de los cargos públicos se tendría que prologar durante 10 años tras abandonar el cargo. Porque es en ese momento cuando realmente algunos pasan factura por los contatos conseguidos desde el escaño. Me encantaría conocer, por ejemplo, el patrimonio de los dos últimos años del ex portavoz del Partido Popular en el Congreso, Eduardo Zaplana, para confirmarlo.
