Ya lo avisé en La Casta. Y ahora 500 jueces españoles lo respaldan con una declaración pública: la Justicia nacional está contaminada por la clase política desde que el PSOE reformó el sistema judicial en 1985 Y nada se ha hecho para retirar semejante poder a la clase política. Entre las peticiones de los magistrados hay una primordial: la de elegir de forma democrática 12 de los 21 miembros que componen el Consejo General del Poder Judicial. Eso daría la mayoría a los vocales colocados por el grueso de la judicatura sobre los arrimados al sol de los partidos.
En la actualidad, los representantes del máximo órgano de gobierno de la judicatura son propuestos por los grupos del Congreso. Y se intenta llegar a candidaturas de consenso. Candidaturas que reproducen en forma de espejo la composición de la cámara baja, y que imitan también sus desavenencias políticas en lugar de basar sus decisiones en cuestiones jurídicas. Basta recordar el informe preliminar sobre la Ley del Aborto para entender el problema.
Ahora, el CGPJ tiene sobre la mesa decisiones tan importantes como la de condenar o absolver al juez Baltasar Garzón tras la denuncia de Manos Limpias por promover las investigaciones sobre la Memoria Histórica. Es en temas tan sensibles como este cuando una Justicia cristalina nos libraría de estériles debates políticos.
