Daniel Montero
Actualidad, periodismo y nuevas tecnologías

El día que conocí a Berni, él bajaba unas escaleras recién llegado de la calle. Su primera frase me llegó al alma. “Coño, juegas al Call of Duty“. A los pocos minutos, los dos estábamos enganchados a la consola, él vestido de civil, y yo ataviado como uno de los cantantes de Camela. No era el único disfrazado. A mi derecha Esperanza, gallega ella, imitaba con calidad sorprendente la voz de Rocío Jurado con una guitarra de plástico colgada al cuello.

La escena parece banal pero no lo es en absoluto. Y menos desde ayer, cuando una treintena de energúmenos intentó linchar a los dos periodistas en Sacedón mientras cubrían la fiesta taurina. Me costa que fueron horas tensas en la redacción de Telecinco, con las noticias de su compañero en el hospital y preocupación por sus heridas.  Sin paños calientes. Esos animales tiraron al cámara por un barranco. Valiente turba de cobardes.

Matar al mensajero es un deporte muy practicado en este país: lo sabemos bien quienes estamos cada día en la calle.  No es fácil ser portador de malas noticias y basta con informar desde un poblado chabolista después de un asesinato por drogas para comprobarlo.Por eso hago esta reflexión y describo esta escena. Berni y Esperanza, como tantos otros compañeros, son personas con nombres y apellidos. Dos profesionales con un trabajo público y una vida privada, sin más interés que el contar historias y comer de eso que llaman ser periodista. Estaban allí como meros espectadores, relatando al mundo lo que en Sacedón pasaba. ¿Que la fiesta del toro es inofensiva? Dejen que el mundo lo vea. Quienes intentaron licharles se retrataron como animales y ellos como lo que son: dos profesionales. Vaya desde aquí mi más sincera solidaridad.

La frase la hemos escuchado un montón de veces en boca del político de turno, tanto del PP como del PSOE. España no negocia con terroristas. Polemizar sobre estas cosas es en ocasiones herir sensibilidades, pero no hacerlo es negar una evidencia. Elijo el primero de los males y me lanzo. Ya tenemos en casa a los dos cooperantes españoles secuestrados desde hace nueve meses por la rama del Magreb de Al Quaeda. Albert Vilalta y Roque Pascual están sanos y salvo con sus familias. Felicidades.

No tuvo la misma suerte el francés Michel Germaneau, asesinado por otra facción del mismo grupo terrorista el pasado 26 de julio. Germau cayó muerto por sus captores después de que la inteligencia francesa errara en una operación para rescatarle. Los agentes abatieron a  a seis personas en su ataque y el ciudadano francés, custodiado en otro escondite, fue asesinado como represalia. Un año antes, los miembros de Al Quaeda mataron también al turista inglés Edwin Dyer después de cinco meses de cautiverio.

Al ver el resultado del secuestro de los españoles, al conocer por el diario El Mundo las condiciones del rescate y el intercambio de presos, pensé de forma inconsciente en la familia de Michel Germaneau y Edwi Dyer. Imagino que se alegrarán de la liberación de los españoles, pero la desazón debe ser absoluta tras ver morir a un familiar por una cuestión de ética y saber que otros corren distinta suerte. En teoria, ninguno de los tres países negocia con terroristas.

No seré fariseo. Yo haría lo que fuera por salvar a un ser querido o incluso por salvar cualquier vida. Quizás por eso este tipo de decisiones las toman terceras personas, hombres y mujeres sin relación afectiva alguna con los secuestrados y con supuesto carácter de Estado. De verdad. No tengo claro cuál es el camino. Ahora sólo sabemos parte del resultado. Alber Vilalta y Roque Pascual están en casa, sanos y salvos. Lo que desconocemos es qué hará Al Quaeda con el dinero que haya caído en sus manos y qué nuevas fechorías le encargarán al preso liberado. No hay que ser muy listo para saberlo. Negociación con ETA, negociación con piratas somalíes, negociación con Al Quaeda… Yo hago la reflexión y cada uno que saque sus propias conclusiones. Pero por favor, seamos sinceros. No me vendan más que España no negocia con terroristas.

La frase parece una locura pero es así. A día de hoy, comprar partidos de fútbol en España no es un delito. Al menos así lo considera un juzgado de Alicante que ha declinado investigar las grabaciones del caso Brugal en las que el presidente del Hércules, el empresario Enrique Ortiz, aparecía hablado de entregar fajos de dinero a varios equipos de Segunda División. Las llamadas no dejan mucho margen de duda pero ahora Ortiz dice que son falsas. Sólo quedan dos opciones: o el empresario compraba partidos para que el Hércules subiera a primera o -según su versión- la policía ha falsificado las grabaciones. En cualquier caso nunca lo sabremos.

El juez ha aplicado aquí la doctrina Naseiro: En 1989 la Justicia investigaba la financiación del PP y varias grabaciones judiciales quedaron fuera del sumario proque fueron obtenidas en una operación contra el tráfico de drogas. Ahora, la jueza de esta pieza separada de la operación Brugal dice que no entrega las grabaciones de Ortiz al Consejo Superior de Deportes porque fueron autorizadas para otro proceso (la concesión de basuras del Ayuntamiento de Orihuela). En ningún momento explica la jueza que las grabaciones sean ilegales, manipuladas o falsas. Sólo dice que lo que allí se describe, con el Código Penal en la mano, no es delito.

Mal precedente sienta eso para el mundo del fútbol, lleno de trincones e intereses cruzados. Y más con las apuestas como boyante negocio. ¿Nadie se ha preguntado quién controla ese mundillo? Hace unos meses dimos algunas respuestas en Interviú: el presidente del Olympiacos griego y un oligarca ruso, entre otros. La policía debe estar alucinando al verse con las manos atadas en el tema del  Hércules. Los agentes ya no podrán investigar el patrimonio de algunos jugadores bajo sospecha. Sólo queda una opción: que cualquiera de los nueve millones de apostantes de la quiniela de esa semana se sienta estafado y acuda al juzgado. Si se compraron partidos, se modificó el resultado del juego. Un juego que recaudó en siete días más de 4.9 millones de euros sólo en quinielas. Buen negocio.

Hoy hemos conocido, por fin, el Anteproyecto del Ley que el PSOE prometió hace seis años para garantizar el acceso de los ciudadanos a la información pública. Tras meses de rumores, contactos y escasas reuniones con agentes sociales, las sospechas se han cumplido y nos encontramos con una Ley que rebaja los mínimos exigibles para una democracia moderna. El nuevo anteproyecto, que depende directamente de la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega y que ha sido filtrado al diario El País, es un auténtico ejercicio de dialéctica política que se desmonta en ocho argumentos.

1)  La información es un derecho fundamental.

El artículo 20 de la constitución recoge el derecho de los ciudadanos a comunicar y recibir información libremente. Eso incluye según los tribunales de la UE el derecho de acceso a la información pública. Por lo tanto, el Gobierno debería plantear una Ley Orgánica que garantizara ese derecho y que esté por encima de cualquier otra norma en la materia. En lugar de eso, nos presentan una modificación de la manera en la que se accede a los registros públicos. Hila muy fino el borrador citando el “derecho a saber” en lugar del derecho a recibir información. Las dos frases significan lo mismo pero tienen consecuencias jurídicas muy distintas.

2)   No afecta a los principales centros de poder.

Según la información publicada por El País, la nueva Ley de Transparencia no afecta ni al Congreso, ni al Senado, ni a la cúpula del sistema judicial, ni el Tribunal Constitucional, ni al Tribunal de Cuentas. La decisión se centra en que estos organismos tienen sus propias normativas para dar acceso a los datos. ¿Y los ayuntamientos no? ¿Y los ministerios no? ¿Y las Comunidades Autónomas no? Si alguien pensaba que íbamos a poder ver libremente las sanciones que impone el Consejo General del Poder Judicial o los gastos pormenorizados del Congreso, ya puede darlo por perdido. Una ley orgánica estaría por encima de todos sus ordenamientos internos…

3)   El silencio -al final- no es positivo.

Esto se ha vendido como uno de los principales logros de la nueva Ley pero básicamente es mentira. Según el borrador, si la Administración no contesta a una petición de datos en un plazo de 10 días, la información se entiende concedida. Es decir. El silencio es positivo. Pero claro. Una vez cumplido el proceso ¿el ciudadano entra al asalto al ministerio de turno que ni siquiera le contesta y se lleva los datos bajo el brazo? ¿Cómo se ejecuta ese acceso en una entidad no cooperante? Llegados a este punto, el solicitante tiene interponer una solicitud confirmatoria, esperar un mes y luego acudir a la Agencia de Protección de Datos, que actuará a modo de arbitraje. Y aquí, el silencio vuelve a ser negativo, como toda la vida. Hay que esperar dos meses más a que el organismo se pronuncie y si no lo hace, la petición se entiende denegada. Rechazar el acceso a los datos vuelve ser tan sencillo como pasivo. Sólo hay que olvidarse del tema. Y al que no le guste, que se vaya al juzgado después de esperar dos meses. Exactamente como ahora.

4)  La Ley no obliga al procesado y custodia de la información.

La nueva normativa garantiza el derecho a saber, pero no regula la obligación de la Administración de tener accesible la documentación al público. Imaginemos por ejemplo que un ciudadano quiere conocer cuánto ha gastado su ayuntamiento este año en bombillas. O en arreglos navideños. O en comidas oficiales. Pues bien. La inmensa mayoría de los consistorios no conceden estos datos básicamente porque ni ellos mismos lo saben. No basta con tener la información. Además, hay que saber dónde está y la manera de hacerla accesible. Como norma general, el borrador contempla como información accesible todo lo que está en los expedientes.

5)  El ciudadano tendrá que esperar hasta tres meses.

La media de espera de un ciudadano de la Unión Europea para recibir información pública es de 14 días. Dos semanas como máximo. En España, el proceso completo antes de llegar a la vía judicial se puede prolongar hasta tres meses. Y no hay ningún juicio rápido o protocolo judicial que agilice este tipo de conflictos (donde por supuesto van a terminar las peticiones más comprometidas para la Administración)

6) Demasiadas excepciones.

La mayoría de los países desarrollados niegan a sus ciudadanos el acceso a información reservada por cuestiones de Defensa o Seguridad Nacional. Además, España quiere asumir todas las excepciones que contempla el Consejo de Europa: prevención, investigación y sanción de cuestiones penales, administrativas o disciplinarias, funciones de inspección y control de la administración, que afecten a intereses públicos o comerciales, a la garantía de confidencialidad prevista por las leyes o a los secretos en procesos de toma de decisiones, la vida privada y los intereses particulares legítimos”. Esto va mucho más allá de lo anunciado por el PSOE en su programa, que hacía mención únicamente a la colisión con secretos oficiales y la protección de datos personales.

7)  El arbitro no será independiente.

La figura clave para que este sistema (implantado con matices en otros países de la UE) funcione, es un organismo independiente que realice de forma eficiente el arbitraje entre la administración y el ciudadano. En el caso de la nueva Ley española, será la Agencia de Protección de Datos quien adquiera nuevas competencias. Incluso le van a cambiar el nombre. Aquí si que se reconoce la verdadera naturaleza de la Ley: Agencia de Protección de Datos y Acceso a la Información.

8)  No afecta a todos los ámbitos de la Administración

La nueva normativa no se va a aplicar el los registros que ya tengan una regulación previa: el registro mercantil, de la propiedad, el registro central de penados y rebeldes, el registro de estadística pública, el censo electoral, el padrón municipal, el registro de información sanitaria y todos los organismos que tengan un ordenamiento legal específico para el acceso a la información seguirán utilizándolo.

Que nadie se llame a engaño. En mi opinión es positivo que España avance en el acceso a la información pública. Es un camino vital para que el votante se convierta también en ciudadano y participe activamente en los asuntos de Estado en lugar de esperar de forma paternalista a que la clase política tome sus decisiones de legislatura en legislatura. Pero no admitamos engaños ni cortinas de humo. Que el ciudadano tiene “derecho a saber” es una cosa de cajón que el sentido común ya había legislado en la vida pública. Lo que es inadmisible es que el Gobierno no de un verdadero paso de gigante después de 30 años de democracia completamente parado en este campo.